Por: Andrés Soliz Rada
La idea de “capitalizar” las empresas estratégicas del Estado consistía, según sus propugnadores, en crear una relación de respeto y amistad entre las transnacionales y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las que, con el porcentaje correspondiente a sus acciones, dieron paso a la creación del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). Con el traspaso de estas acciones a YPFB, por mandato del Decreto de Nacionalización, del 1-05-06, correspondió al ente estatal designar representantes en los Directorios de Chaco (Bristish Gas-Amoco), Andina (Repsol) y Transredes (Enron-Shell). La presencia de YPFB en esos directorios sigue siendo minoritaria por incumplimiento del citado Decreto, que disponía que el ente estatal, previa expropiación legal, controle el 50 % más uno de las acciones de las “capitalizadas”.
La actuación de los directores estatales en las compañías citadas es nula, con excepción de reclamos del representante en Transredes, José Luís Roca, en contra de la pasividad del Presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, y del delegado en Andina, Herman Camacho Cuellar, quien rechazó el contrato de administración entre Repsol y Andina, que busca aparentar que son compañías distintas cuando en realidad son una sola y por el cual Andina (de la que es socia YPFB) paga a Repsol un millón de dólares mes y acepta que esta pague sueldos que, en varios casos, sobrepasan los 2.400 dólares día. La compañía se niega ahora a entregar a YPFB 87 millones de dólares en dividendos, por utilidades acumuladas de gestiones anteriores, pero consiguió que su gobierno donara ambulancias a Bolivia.
El 7 de septiembre pasado, el ex policía José Rojas Are, en declaraciones ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Organizado de Santa Cruz, reveló que el gerente de seguridad de Repsol, Manuel Aleixandre, y el supervisor, Wilfredo Aguilar, lo contrataron para realizar el seguimiento y espionaje de Camacho Cuellar. Podría argumentarse que el seguimiento y espionaje de alguien que se opone a las petroleras es algo normal, aunque no es frecuente el probar que guardias de seguridad contratados por una empresa española controlan y espían a un ciudadano boliviano en su propio país. Para colmo, Repsol hace pagar a Andina los gastos del espionaje, con recursos que corresponden a YPFB.
Camacho Cuellar denunció también que Repsol y Petrobrás estafaron a YPFB 300 millones de dólares, al pactar la compra venta de gas al Brasil a precios inferiores a los acordados entre Bolivia y el país vecino, a través de un contrato Hedging (para evitar una supuesta volatilidad de precios). El mismo defensor del país reveló el contrabando de crudo, así como las evasiones impositivas de la compañía española, delitos por los que su gerente en Bolivia, Julio Gabito, estuvo detenido en Santa Cruz. El Ministerio Público fue presionado por el gobierno para archivar todos los juicios contra las compañías, en lugar de usar sus resultados para obtener mejores contratos que los suscritos en mayo pasado. El directorio de Andina, integrado por cinco delegados de Repsol y dos de YPFB, prohibió a Camacho Cuellar que grabara las reuniones oficiales, para luego conminarlo a que firmase actas tergiversadas.
Camacho Cuellar, en su informe de abril de 2007, hizo constar que nadie en el gobierno escuchó sus denuncias, con excepción del ex Ministro Andrés Soliz Rada, quien, antes de ocupar ese cargo, advirtió, en el semanario “La Epoca”, del 16-I-06, que Repsol estaba anotando como propias el valor de las reservas de gas que controla en los mega campos de Tarija y Chuquisaca. La revelación hizo que las acciones de Repsol, en la bolsa de valores de Nueva York, se devaluaran en un 25 %. La empresa española dijo en su defensa que todas las transnacionales del sector hacían lo mismo.
La esperanza de que los abusos de las petroleras disminuyan es cada vez menor. El actual Ministro, Carlos Villegas, se ufanaba de haber dictado las Resoluciones Ministeriales 255 y 256, de 25-XII-06, por las que las compañías debían abastecer el mercado interno a precios diferenciados. Esas resoluciones han sido congeladas. Con ese nuevo retroceso, ha viajado a EEUU y Brasil a fin de conseguir inversiones petroleras en condiciones que casi ya no estamos en condiciones de discutir.
La actuación de los directores estatales en las compañías citadas es nula, con excepción de reclamos del representante en Transredes, José Luís Roca, en contra de la pasividad del Presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, y del delegado en Andina, Herman Camacho Cuellar, quien rechazó el contrato de administración entre Repsol y Andina, que busca aparentar que son compañías distintas cuando en realidad son una sola y por el cual Andina (de la que es socia YPFB) paga a Repsol un millón de dólares mes y acepta que esta pague sueldos que, en varios casos, sobrepasan los 2.400 dólares día. La compañía se niega ahora a entregar a YPFB 87 millones de dólares en dividendos, por utilidades acumuladas de gestiones anteriores, pero consiguió que su gobierno donara ambulancias a Bolivia.
El 7 de septiembre pasado, el ex policía José Rojas Are, en declaraciones ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Organizado de Santa Cruz, reveló que el gerente de seguridad de Repsol, Manuel Aleixandre, y el supervisor, Wilfredo Aguilar, lo contrataron para realizar el seguimiento y espionaje de Camacho Cuellar. Podría argumentarse que el seguimiento y espionaje de alguien que se opone a las petroleras es algo normal, aunque no es frecuente el probar que guardias de seguridad contratados por una empresa española controlan y espían a un ciudadano boliviano en su propio país. Para colmo, Repsol hace pagar a Andina los gastos del espionaje, con recursos que corresponden a YPFB.
Camacho Cuellar denunció también que Repsol y Petrobrás estafaron a YPFB 300 millones de dólares, al pactar la compra venta de gas al Brasil a precios inferiores a los acordados entre Bolivia y el país vecino, a través de un contrato Hedging (para evitar una supuesta volatilidad de precios). El mismo defensor del país reveló el contrabando de crudo, así como las evasiones impositivas de la compañía española, delitos por los que su gerente en Bolivia, Julio Gabito, estuvo detenido en Santa Cruz. El Ministerio Público fue presionado por el gobierno para archivar todos los juicios contra las compañías, en lugar de usar sus resultados para obtener mejores contratos que los suscritos en mayo pasado. El directorio de Andina, integrado por cinco delegados de Repsol y dos de YPFB, prohibió a Camacho Cuellar que grabara las reuniones oficiales, para luego conminarlo a que firmase actas tergiversadas.
Camacho Cuellar, en su informe de abril de 2007, hizo constar que nadie en el gobierno escuchó sus denuncias, con excepción del ex Ministro Andrés Soliz Rada, quien, antes de ocupar ese cargo, advirtió, en el semanario “La Epoca”, del 16-I-06, que Repsol estaba anotando como propias el valor de las reservas de gas que controla en los mega campos de Tarija y Chuquisaca. La revelación hizo que las acciones de Repsol, en la bolsa de valores de Nueva York, se devaluaran en un 25 %. La empresa española dijo en su defensa que todas las transnacionales del sector hacían lo mismo.
La esperanza de que los abusos de las petroleras disminuyan es cada vez menor. El actual Ministro, Carlos Villegas, se ufanaba de haber dictado las Resoluciones Ministeriales 255 y 256, de 25-XII-06, por las que las compañías debían abastecer el mercado interno a precios diferenciados. Esas resoluciones han sido congeladas. Con ese nuevo retroceso, ha viajado a EEUU y Brasil a fin de conseguir inversiones petroleras en condiciones que casi ya no estamos en condiciones de discutir.
